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La Constitución de Ecuador de 1847, también llamada Carta Orleanista, fue el quinto documento constitucional de la historia independiente de Ecuador, que constituyó en el país el sistema monárquico-parlamentario encabezado por Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón. Fue redactada por la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Quito entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre de 1847, bajo la estricta supervisión del general Juan José Flores, quien no solo había planificado y concretado la instalación del Reino, sino que además actuaba como Primer Ministro y Regente hasta la llegada del Rey a tierras americanas.

La carta magna estaba casi completamente basada en un proyecto redactado por expertos constitucionalistas de Europa, a los que el rey Luis Felipe I de Francia había ordenado un documento que no pusiera en riesgo el futuro de su hijo como monarca de Ecuador, pero que tampoco le causara problemas con la ciudadanía, que era justamente lo que él mismo vivía en esos momentos como Rey de los franceses.

Flores habría llegado con el documento bajo el brazo para iniciar la Expedición Floreana, y la presentó durante la instalación de la Asamblea para que la tomaran como ejemplo, aunque la verdad es que trabajó arduamente para que la aceptaran casi en su totalidad.

La Carta Orleanista, llamada así por la influencia de la Casa de Orleans en su texto, se convirtió en la constitución que mayor tiempo ha durado en la historia ecuatoriana (116 años), permaneciendo casi sin enmiendas hasta el año 1920, cuando el socialista José Manuel Lasso de la Vega se convirtió en Primer Ministro e influyó para que fuera reemplazada por la llamada Carta Roja, misma que le llevaría a su derrocamiento militar en 1922. Ese mismo año se expidió la Constitución Moderna, que conserva muchos de la carta magna original de 1847, y es la que se encuentra en vigencia hasta la actualidad (95 años).

Preámbulo Editar

Nos, los infrascritos diputados del pueblo ecuatoriano reunidos en la Asamblea Constituyente, a nombre del Rey y las autoridades nacionales venideras, emitimos esta Carta Constitucional para que la juren y hagan jurar, cumplan y hagan cumplir, y la guarden en su totalidad.

Título I - Del Estado ecuatoriano Editar

Capítulo I - El Reino y su territorio Editar

Art 1. El Reino de Ecuador es la asociación política de todos los ciudadanos ecuatorianos para formar una nación libre y soberana, que no admite vínculo o federación con otros países, ni tratados internacionales que se opongan a su absoluta independencia.

Art 2. Su territorio es el mismo que correspondía a la desaparecida República del Ecuador en 1830. No se reconocerán tratados internacionales que, en este sentido, se hayan llevado a cabo en la clandestinidad o sin el refrendo respectivo del órgano legislativo oficial que precedió al de este Reino.

Art 3. La forma de Gobierno es la monarquía moderada y hereditaria, encabezada por don Antonio de Orleans y su augusta esposa, la infanta Luisa Fernanda de Borbón, duques de Montpesier, y la legítima línea sucesoria que de ellos descienda.

Art 4. La religión católica romana seguirá siendo la oficial del Reino. Se permite las demás siempre y cuando se mantengan como culto doméstico y privado, sin muestras públicas de su fe o costumbres relacionadas.

Capítulo II - La ciudadanía Editar

Art 5. Son ciudadanos ecuatorianos:
I. Todos los nacidos en el territorio nacional, sin distingo de ningún tipo.
II. Los hijos legítimos de padre y madre ecuatorianos que se hallen en el exterior por cualquier causa, y que decidan venir a establecer su domicilio definitivo en el Reino.
III. Todos los extranjeros que se hallaren viviendo en el territorio al momento de la declaración del Reino, siempre que juren lealtad al Rey y la nación.
IV. Los extranjeros naturalizados, sin distingo alguno. La Ley determinará las formas precisas para obtener la Carta de Naturalización.

Art 6. Se suspende la ciudadanía ecuatoriana para:
I. Aquel que naturalice en otro país.
II. Quien sin permiso del Rey acepte empleo, pensión o condecoración de cualquier Gobierno extranjero.
III. Aquel que la pierda tras una sentencia judicial.

Art 7. Se suspende el ejercicio de los derechos políticos:
I. Por incapacidad física o mental.
II. Por sentencia condenatoria a prisión, mientras duren sus efectos.

Capítulo III - Los poderes del Estado Editar

Art 8. La división y armonía de los poderes del Estado es el principio fundamental que garantiza los derechos ciudadanos, además del medio más seguro para hacer respetar la Constitución.

Art 9. Los poderes reconocidos por la Constitución del Reino de Ecuador son tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art 10. Estos poderes son delegados por la ciudadanía a sus portadores, de tal manera que las autoridades son únicamente representantes del pueblo.

Título II - De la Monarquía Editar

Capítulo I - La persona del Rey Editar

Art 11. El Gobierno del poder ejecutivo ecuatoriano estará encabezado por el Rey, que es el máximo representante de la nación y ejerce su representatividad por medio de las autoridades y los funcionarios públicos.

Art 12. La persona del Rey será inviolable y sagrada, no estará sujeto a responsabilidad alguna.

Art 13. El Rey deberá velar por el mantenimiento de la absoluta independencia del país, así como del correcto funcionamiento del Estado y la armonía entre sus diferentes poderes.

Art 14. Su título será el de "Rey de Ecuador y protector de la nación", con el trato de "Real Majestad".

Art 15. Al encargarse del mando, el Rey deberá prestar el siguiente juramento "Yo, Rey de Ecuador, juro ante Dios y sobre los santos Evangelios, por todos los medios que estén a mi alcance, observar la Constitución, procurar el bienestar y la prosperidad de la nación, defender la integridad territorial y su absoluta independencia, así como mantener la fe católica apostólica romana".

Art 16. Para que el Gobierno del Rey tenga validez, deberá primero ser proclamado ante las cámaras de Diputados y Senadores, reunidas en pleno en el Parlamento Nacional.

Art 17. La coronación eclesiástica del Rey y su augusta esposa será una ceremonia meramente simbólica, pero obligatoria. La ausencia de esta no significará impedimento alguno para gobernar de manera inmediata tras la proclamación legislativa, ni será necesaria para legitimar su línea de sucesión natural.

Art 18. El Rey no podrá salir del país sin el consentimiento expreso del Parlamento Nacional; y si lo hace, se entenderá que ha abdicado la Corona para sí y sus descendientes.

Art 19. Serán competencias del Rey:
I. Ser el máximo representante del Reino de Ecuador y sus ciudadanos.
II. Convocar de manera ordinaria al nuevo Parlamento Nacional cada cuatro años, el día 2 de enero.
III. Convocar de manera extraordinaria al Parlamento Nacional en los intervalos de las sesiones, cuando así lo pida el bienestar del Reino.
IV. Sancionar los decretos y resoluciones del Parlamento Nacional.
V. Prorrogar o postergar las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, así como disolver la Cámara de Diputados cuando así lo pida el bienestar del Reino, convocando inmediatamente la elección de otra que la sustituya.
VI. Aprobar o suspender temporalmente las resoluciones de las Asambleas Provinciales.
VII. Nombrar al jefe de su Gabinete, también llamado Primer Ministro.
VIII. Sancionar la elección de los Secretarios de Estado escogidos por su Primer Ministro.
IX. Nombrar y remover a los jueces en los casos que lo indique la ley.
X. Perdonar y moderar las penas impuestas a los presos condenados por sentencia.
XI. Conceder amnistía en casos que atenten contra la humanidad o el bien del Estado.
XII. Nombrar obispos y presidir los servicios eclesiásticos.
XIII. Nombrar a los empleados civiles y políticos que la ley le indique.
XIV. Nombrar a los Comandantes de las fuerzas de Tierra y Mar, así como removerlos cuando lo solicite el interés de la nación.
XV. Sancionar la elección de Embajadores y demás Agentes Diplomáticos y Comerciales.
XVI. Dirigir las conversaciones políticas con naciones extranjeras.
XVII. Negociar tratados de Alianza ofensiva, defensiva, de subsidio y comercio. Si estos tienen lugar en tiempos de guerra, podrá llevarlos a conocimiento del Parlamento Nacional para su ratificación una vez concluidos los enfrentamientos. Si los tratados se firman en tiempo de paz e involucran cesión o cambio de territorio del Reino, o de posesiones a las que el país tiene derecho, no serán ratificados sin haber sido aprobados por el Parlamento Nacional.
XVIII. Declarar la guerra y hacer la paz, participando al Parlamento de las conversaciones. Estas deberán ser compatibles con los intereses y seguridad del Estado.
XIX. Conceder Cartas de Naturalización de acuerdo a la Ley.
XX. Conceder títulos nobiliarios, honores, órdenes militares y distinciones en recompensa por servicios al Estado y de acuerdo a su propia Ley.
XXI. Expedir los decretos, instrucciones y reglamentos adecuados para la buena ejecución de las Leyes.
XXII. Decretar la aplicación de los presupuestos destinados por el Parlamento Nacional a los diversos ramos de la institución pública.
XXIII. Conceder o negar el beneplácito a los decretos de los Concilios y Cartas Apostólicas, y cualesquiera otra Constitución Eclesiástica que se opongan a los principios señalados en la Constitución.
XXIV. Proponer todo lo que se refiera a la seguridad interna y externa del Estado, en la forma que marca la Constitución.

Capítulo II - La Familia Real Editar

Art 20. El heredero presunto del Reino tendrá el título de "Príncipe de Azuay", y sus hijos el de Príncipe de Cuenca. El tratamiento para todos será el de "Alteza Real".

Art. 21. Los otros hijos del Rey tendrán el título de "Príncipes de Ecuador", con el trato de "Alteza Real". Estos recibirán un ducado provincial cuando contraigan matrimonio, su cónyuge tendrá el trato de "Alteza".

Art 22. Los hijos de los Príncipes de Ecuador llevarán el título de "Príncipes", seguido del topónimo del ducado provincial que se le haya asignado a sus padres. Tendrán el trato de "Alteza".

Art 23. Una vez que cumpla 15 años, y en presencia de las dos cámaras del Parlamento Nacional reunidas en pleno, el heredero presunto prestará el siguiente juramento en manos del Presidente del Senado: "Yo, el Príncipe heredero de Ecuador, juro ante Dios y sobre los santos Evangelios, por todos los medios que estén a mi alcance, observar la Constitución, obedecer al Rey, procurar el bienestar y la prosperidad de la nación, defender la integridad territorial y su absoluta independencia, así como mantener la fe católica apostólica romana".

Art 24. Una vez que el Rey y su augusta esposa sucedan en el trono ecuatoriano, el Parlamento Nacional asignará una dotación económica mensual, correspondiente al decoro de sus altas dignidades. Esta cantidad no podrá ser nunca menor que la anterior, y deberá ser revisada cada cinco años.

Art 25. El Parlamento Nacional asignará también una dotación mensual al Príncipe heredero y a los Príncipes de Ecuador desde el momento de su nacimiento. Estas no podrán ser revocadas a menos que sea en los casos estipulados en la Ley.

Art 26. Los maestros de los príncipes serán elegidos y nombrados por el Rey, mientras que el Parlamento Nacional designará al Preceptor.

Art 27. En la primera sesión de cada legislatura, la Cámara de Diputados exigirá a los maestros un informe detallado de los avances que hayan tenido sus augustos discípulos.

Art 28. Cuando los Príncipes de Ecuador decidan contraer matrimonio, el Parlamento Nacional les asignará una dote acorde a su rango, y con la entrega de ella cesará la dotación mensual.

Art 29. A los Príncipes de Ecuador que tras el matrimonio decidan residir fuera del Reino, el Parlamento Nacional les asignará por una sola vez un monto determinado en sesión especial y que le sirva para iniciar una vida decorosa en el extranjero.

Art 30. Las dotaciones, sueldos, dotes y cantidades descritas en los artículos antecedentes, serán pagadas por el Tesoro Público y entregadas a un Mayordomo nombrado por el Rey, quien será el responsable de los activos y pasivos de la Casa Real.

Art 31. Los palacios y posesiones territoriales que la Familia Real adquiera a título privado no podrán ser enajenados bajo ningún concepto, ni se podrá invertir en ellos ninguna clase de dinero público.

Art 32. Los palacios y posesiones territoriales que el Estado entregue a la Familia Real, o en los que se haya invertido dinero público, serán de propiedad de la nación, pudiendo los Gobiernos civiles disponer de ellos de la manera en que estimen conveniente si el Rey o los Príncipes no hacen uso de ellos.

Capítulo III - La Sucesión de la Corona Editar

Art 33. La dinastía imperante en el Reino de Ecuador será la Casa de Orleans-Borbón, nacida de la unión entre don Antonio de Orleans y la infanta Luisa Fernanda de Borbón, duques de Montpesier.

Art 34. Su descendencia legítima será la única elegible para suceder en el trono, según el orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más cercano al más remoto; en el mismo grado, el sexo masculino al femenino; y en el mismo sexo, la persona mayor a la más joven.

Art 35. Extintas las líneas de los descendientes legítimos de don Antonio de Orleans y doña Luisa Fernanda de Borbón, aún en vida del último descendiente y durante su reinado, el Parlamento Nacional elegirá una nueva Dinastía.

Art 36. Ningún extranjero podrá suceder en la Corona del Reino de Ecuador.

Art 37. El heredero presunto no podrá contraer matrimonio sin la aprobación expresa del Rey. Caso contrario el enlace será considerado morganático y perderá toso derecho a la sucesión.

Art 38. En caso de que la heredera presunta fuera una mujer, su matrimonio deberá contar no solo con la aprobación del Rey, sino también del Parlamento Nacional. Su marido no tendrá parte en el Gobierno y recibirá el título de "Príncipe" con el trato de "Alteza Real".

Capítulo IV - La Regencia del reino Editar

Art 39. El Rey será considerado menor de edad hasta su cumpleaños número dieciocho.

Art 40. Durante la minoría de edad del Rey, el país será gobernado por una Regencia, la que recaerá en el pariente más cercano al monarca en su línea de sangre, y que sea mayor de veinticinco años de edad.

Art 41. Si el Rey no tiene pariente alguno que reúna estas cualidades, el Reino será gobernado por un Consejo de Regencia de tres miembros, nombrado por el Parlamento Nacional. La presidencia le corresponderá al miembro de mayor edad.

Art 42. Si el Parlamento Nacional no elige un Consejo de Regencia dentro de un periodo de cinco días, entrará en funciones una Regencia provisional compuesta por el Primer Ministro, el Magistrado de Justicia más antiguo del país, y el Presidente del Senado.

Art 43. El Rey puede ser declarado como imposibilitado para gobernar por causa física o moral, reconocida por las dos cámaras del Parlamento Nacional reunidas en pleno y con mayoría absoluta de votos.

Art 44. En tal caso se declarará como regente del Reino al heredero presunto si es mayor de 18 años o, en en su defecto, la Reina consorte si está viva. Si la Consorte no estuviera, se nombrará a alguno de los hermanos del Rey, siempre siguiendo el orden de primogenitura y representación.

Art 44. Tanto el Regente, como la Regencia prestará el Juramento mencionado en el artículo 15, aumentando una cláusula de fidelidad al Rey y de entregarle el Gobierno tan pronto como llegue a la mayoría de edad, o cuando cese su impedimento.

Art 45. Los Actos de la Regencia y del Regente serán enviados en nombre del Rey por la fórmula siguiente: "Manda la Regencia en nombre del Rey..." o "Manda el Principe de Azuay en nombre del Rey".

Art 46. Ni la Regencia, ni el Regente será responsable.

Art 47. Durante la minoría de edad del heredero presunto, su tutor será quien el padre haya nombrado en su testamento; a falta de éste, será la Reina madre siempre que no se vuelva a casar. A falta de esta, el Parlamento Nacional nombrará al tutor, en tanto no esté dentro de la línea de sucesión a la Corona.

Capítulo V - Los Ministros de Estado Editar

Art 48. El Rey gobernará por medio de un Consejo de Ministros, compuesto inicialmente por cinco departamentos ministeriales:
I. Primer Ministro
II. Ministro de Guerra y Marina
III. Ministro de Asuntos Exteriores (Canciller)
IV. Ministro de Hacienda

Art 49. La Ley designará los asuntos pertenecientes a cada Ministerio; los reunirá o separará como más convenga al país.

Art 50. El Rey nombrará únicamente al Primer Ministro, y lo hará de acuerdo con los resultados de las elecciones a la Cámara de Diputados, escogiendo al candidato del partido que más escaños haya conseguido.

Art 51. El Primer Ministro refrendará todos los actos del Rey, sin lo cual no se podrán ejecutar.

Art 52. La duración del Primer Ministro en su cargo no podrá exceder los cuatro años, pudiendo ser reelegido por una única vez consecutiva y otra más no consecutiva.

Art 53. Si el Primer Ministro pierde el apoyo de la Cámara de Diputados, el Rey deberá ordenar su remoción y escoger uno nuevo de entre la terna enviada por el partido que domine la Cámara Baja del Parlamento.

Art 54. En caso de que el Rey muestre apoyo a la gestión del Primer Ministro que ha perdido el apoyo legislativo, podrá solicitar por una única vez la disolución de la Cámara de Diputados, llamando inmediatamente a elecciones para que esta sea reemplazada.

Art 55. Será prerrogativa del Primer Ministro nombrar y despedir a los demás Secretarios de Estado que conformarán el Gabinete de Gobierno, decisión que deberá ser sancionada obligatoriamente por el Rey.

Art 56. Tan pronto como tenga dieciocho años cumplidos, el heredero presunto de la Corona pasará a ser parte del Gabinete de Gobierno como un Consejero del Rey.

Art 57. Los demás príncipes de la Casa Real podrán también ser nombrados como Consejeros, pero para serlo necesitarán una invitación expresa del Rey.

Art 58. Antes de tomar posesión, los Ministros de Estado prestarán juramento en las manos del Rey para mantener la religión Católica Apostólica Romana, observar la Constitución y las Leyes, ser fieles al monarca y atender al bienestar de la nación.

Art 59. Los Ministros de Estado serán responsables:
I. Por traición.
II. Por robo, soborno o concusión.
III. Por abuso de poder.
IV. Por falta de observancia de la Ley.
V. Por oponerse a la libertad, seguridad y propiedad de los ciudadanos.
VI. Por cualquier reparto de los bienes públicos.

Art 60. Los Ministros no salvan su responsabilidad por orden del Rey, ya sea verbal o escrita.

Art 61. Los extranjeros, a menos que sean naturalizados, no podrán ser Ministros de Estado.

Capítulo VI - Los Comisarios y Visitadores reales Editar

Art 62. El Rey nombrará, cuando lo estime conveniente y por el tiempo que considere necesario, Comisarios y Visitadores reales, a quienes les encargará trabajos específicos de control y solución de problemas en distintos territorios de la nación.

Art 63. Los Comisarios Reales serán instituidos para precaver y enmendar los abusos que puedan cometer los funcionarios públicos en las provincias, así como velar por la marcha que siga el orden administrativo, ejerciendo las facultades especiales que, encada caso, les cometa el Rey en sus instrucciones.

Art 64. El Rey nombrará además Visitadores Reales para que recorran en su nombre los cantones o lugares que merezcan ser visitados, o para que le informen acerca de una oficina, establecimiento o negocio determinado que exija eficaz remedio.

Art 65. Los Visitadores Reales recorrerán las parroquias, visitarán las ciudades, tribunales y oficinas que les señale el Rey, para informar sobre los puntos que les demarcan sus instrucciones, o para enmendar el determinado yerro o abuso cometido, cuyo conocimiento y examen se les encomienda.

Art 66. Las prerrogativas y atribuciones de estos funcionarios se establecen en el decreto de su creación.

Título III - Del Poder Legislativo Editar

Capítulo I - El Parlamento Nacional Editar

Art 67. El Poder Legislativo será delegado al Parlamento Nacional, con la sanción del Rey.

Art 68. El Parlamento Nacional se compondrá de dos cámaras: Cámara de Diputados o Congreso, y Cámara de Senadores o Senado.

Art 69. Serán atribuciones del Parlamento Nacional:
I. Tomar juramento al Rey, al heredero presunto, al Regente o al Consejo de Regencia.
II. Elegir al Regente o al Consejo de Regencia, y marcar los límites de su autoridad.
III. Reconocer al heredero presunto como sucesor del trono, acto que tendrá lugar en la primera sesión legislativa después del nacimiento.
IV. Nombrar a tutor del heredero presunto si se inhabilita al padre, en caso de que el Rey no lo ha especificado en su testamento.
V. Resolver las dudas que ocurran sobre la sucesión de la Corona.
VI. Tras la muerte del Rey o vacancia del Trono, instituir examen de administración que determine su fin y corregir los abusos cometidos.
VII. Elegir nueva dinastía en el caso de extinción de la del Rey.
VIII. Crear leyes, interpretarlas, suspenderlas y revocarlas.
IX. Velar por que se guarde la Constitución, y promover el bienestar general de la nación.
X. Fijar anualmente los gastos públicos y repartir el presupuesto.
XI. Fijar anualmente, y basado en el informe de Gobierno, las fuerzas de Tierra y Mar, tanto ordinarias como extraordinarias.
XII. Conceder o negar el ingreso de fuerzas militares extranjeras en el territorio del Reino o sus puertos.
XIII. Autorizar al Gobierno para contraer préstamos.
XIV. Establecer métodos convenientes para el pago de la deuda pública.
XV. Regular la administración de los bienes nacionales y decretar su enajenación.
XVI. Crear o suprimir cargos públicos y establecer órdenes.
XVII. Determinar el peso, valor, inscripción, diseño y denominación de las monedas, así como el patrón de los pesos y medidas.

Art 70. Los miembros de las dos cámaras tendrán el tratamiento de "honorables y dignísimos señores".

Art 71. Cada legislatura durará un periodo de cuatro años, y cada sesión anual será de cuatro meses.

Art 72. la Sesión Real de apertura será todos los años el primer día laborable de febrero.

Art 73. También será Real la Sesión de clausura, y ambas deberán realizarse con las dos cámaras reunidas en pleno.

Art 74. Cuando se reúnan las dos cámaras en pleno, el Presidente del Senado dirigirá el trabajo; los Diputados, y los Senadores interactuarán indistintamente.

Art 75. No se podrá celebrar sesión en ninguna de las cámaras sin que esté reunida la mitad más uno de sus respectivos miembros.

Art 76. Las Sesiones de las dos cámaras serán publicas, con la excepción de los casos en que el bien del Estado exija lo contrario.

Art 77. Los asuntos se resolverán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.

Art 78. Los Miembros de ambas cámaras son inviolables por las opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones.

Art 79. Ningún Senador o Diputado, podrá ser arrestado por autoridad alguna durante su periodo legislativo, salvo por orden de su respectiva cámara o por ser encontrado en flagrante delito de pena capital.

Art 80. Los Senadores y Diputados podrán ser nombrados como Ministros o Consejero de Estado. En tal caso, los Senadores seguirán teniendo asiento en el Senado, mientras que los Diputados deberán dejar vacante su lugar y se procederá a una nueva elección en la que puede ser reelegido y acumular las dos funciones.

Art 81. No se puede ser al mismo tiempo miembro de ambas Cámaras.

Art 82. El ejercicio de cualquier empleo, con excepción de los de Consejero o Ministro de Estado, cesa interinamente mientras duren las funciones como legislador.

Capítulo II - La Cámara de Diputados Editar

Art 83. La Cámara de Diputados también podrá ser llamada Congreso, y estará compuesta por miembros elegidos indirectamente cada cuatro años.

Art 84. El número de diputados de cada provincia se establecerá de acuerdo a la cantidad de habitantes de su respectiva jurisdicción.

Art 85. Serán privativas de la Cámara de Diputados las siguientes iniciativas:
I. Impuestos.
II. Reclutamiento.
III. Elección de nueva Dinastía.

Art 86. También dará inicio en esta Cámara:
I. El exámen a la administración anterior.
II. La discusión de propuestas hechas por el poder Ejecutivo.

Art 87. La Cámara de Diputados será la encargada de aprobar a los Ministros y Consejeros de Estado.

Art 88. Durante el periodo de sesiones los Diputados recibirán un subsidio pecuniario establecido en la sesión final de la última Legislatura antecedente. Además se les entregará una indemnización para los traslados de ida y vuelta a sus respectivas provincias.

Capítulo III - La Cámara de Senadores Editar

Art 89. El Senado estará compuesto por un representante de cada provincia y uno por cada región.

Art 90. Los senadores provinciales serán escogidos de manera indirecta cada cuatro años, mientras que los senadores regionales serán nombrados por el Rey para un periodo similar.

Art 91. Para ser Senador se requerirá:
I. Que sea ciudadano ecuatoriano y que esté en goce de sus derechos políticos.
II. Que tenga treinta y cinco años de edad o más.
III. Que sea una persona de capacidad intelectual probada, virtuosa y con preferencia a quienes hayan servido a la Patria.
IV. Que tenga al menos ochocientos mil pesos de ingresos anuales por bienes, industria, comercio, o empleo.

Art 92. Los Príncipes de la Casa Real serán Senadores por derecho propio, y tendrán asiento en la Cámara del Senado tan pronto como lleguen a la edad de veinticinco años.

Art 93. Serán atribuciones exclusivas del Senado:
I. Conocer de los delitos individuales cometidos por los miembros de la Familia Real, Ministros y Consejeros de Estado, así como Senadores y Diputados durante el período de su Legislatura.
II. Conocer la responsabilidad de los Secretarios y Consejeros de Estado.
III. Convocar al Parlamento en caso de que el Rey no lo haya hecho dos meses después del tiempo que determina esta Constitución; para lo cual el Senado se reunirá extraordinariamente.
IV. Convocar al Parlamaneto Nacional tras la muerte del Rey, para la elección de la Regencia en los casos que esta tiene logar, cuando la Regencia Provisional lo no haga.

Art 94. El periodo de sesiones del Senado comienza y acaba al mismo tiempo que el de la Cámara de Diputados.

Art 95. Con excepción de los casos previstos por la Constitución, toda reunión del Senado fuera del tiempo de las sesiones es ilícita y nula.

Art 96. Las cantidades pecuniarias entregadas a los Senadores será la misma que la de los Diputados, más la mitad.

Capítulo IV - La promulgación de Leyes Editar

Art 97. La proposición, oposición y aprobación de los Proyectos de Ley compete a cada una de las Cámaras.

Art 98. El Poder Ejecutivo ejerce la proposición por medio de los Ministros de Estado; y sólo después de examinada por una Comisión de la Cámara de Diputados, donde debe iniciar el proceso, podrá ser convertida en Proyecto de Ley.

Art 99. Los Ministros pueden asistir y discutir la Propuesta después del informe de la Comisión, pero no podrán votar ni estarán presentes en la votación, salvo si son Senadores o Diputados.

Art 100. Si la Cámara de Diputados acepta el Proyecto, lo remitirá al Senado con la siguiente fórmula: "La Cámara de Diputados envía a la Cámara de Senadores la Propuesta del Poder Ejecutivo (con enmiendas o sin ellas), y piensa que esta tiene logar".

Art 101. Si la propuesta no es aceptada, se le hará saber al Rey de este particular por medio de una comitiva conformada por siete diputados, utilizando la siguiente fórmula: "La Cámara de Diputados reconoce al Rey por el interés que muestra en vigilar los intereses del Reino, y le suplica respetuosamente sepa disculpar la negación de la Propuesta del Gobierno".

Art 102. Las propuestas que sean admitidas y aprobadas por el Congreso tras su debate, serán remitidas a la Cámara de Senadores con la fórmula siguiente: "La Cámara de Diputados envía al Senado la Proposición adjunta, y piensa que tiene lugar enviar al Rey para su Sanción.

Art 103. Si la Cámara de Senadores no acepta completamente el Proyecto enviado por la Cámara de Diputados, y por tal motivo la ha cambiado o agregado partes, lo reenviará de la siguiente manera: "El Senado envía a la Cámara de Diputados su propuesta con las enmiendas adjuntas, y piensa que con ellas tiene lugar pedir al Rey su sanción.

Art 104. Si el Senado, después de haber deliberado, juzga que no puede aceptar la Propuesta o Proyecto, remitirá en los siguientes términos: "El Senado vuelve a remitir a la Cámara de Diputados la Proposición (tal), a la que no ha podido dar su Consentimiento".

Art 105. El mismo proceso se practicará en la Cámara de Diputados para con la del Senado, cuando éste tenga el origen del Proyecto.

Art 106. Si la Cámara de Diputados no aprueba las enmiendas o adiciones del Senado, o viceversa, y sin embargo la Cámara rechazante juzga que el proyecto es válido, podrá requerir la reunión de las dos Cámaras en pleno, y conforme al resultado de la discusión se tomará una decisión final.

Art 107. Si cualquiera de las dos Cámaras, concluida la discusión, adopta completamente el Proyecto que la otra Cámara le envió, lo reducirá a Decreto; y después de leído en Sesión, lo dirigirá al Rey en dos copias firmadas por el Presidente y con la siguiente fórmula: "El Parlamento Nacional remite al Rey el presente Decreto, que juzga ventajoso y que sirve a los intereses del Reino, y pide su Real Majestad se digne dar su sanción".

Art 108. Si el Rey rechaza dar su consentimiento, responderá en los siguientes términos: "El Rey desea meditar sobre el Proyecto de Ley, para que el tiempo lo resuelva". A lo que la Cámara responderá: "Alabamos el interés que Su Real Majestad tiene por la nación ecuatoriana".

Art 109. Esta negación del Rey tiene efecto suspensivo sólo por el tiempo de las dos legislaturas que siguieren a la que aprobó el Proyecto. Pasado este periodo, y si ha sido vuelto a aprobar por la Cámara, se entenderá que el Rey ha dado la sanción.

Art 110. El Rey dará o negará la sanción de cada Decreto dentro del mes siguiente a su presentación.

Art 111. Si el Rey aprueba el Proyecto del Parlamento Nacional responderá así: "El Rey consiente". Con lo que queda sancionado y será promulgado como Ley del Reino.

Art 112. La fórmula de la promulgación de la Ley será concebida en los siguientes términos: "Don (N.), por gracia de Dios y deseo del pueblo Rey de Ecuador y protector de la nación: pone en conocimiento de sus súbditos que mediante el Parlamento Nacional se ha decretado la siguiente Ley (enumerar las disposiciones solamente). Mandamos, por tanto, a que las autoridades respectivas conozcan y ejecuten la referida Ley, así como a que guarden enteramente lo que ella contiene. El Secretario de Estado de los Negocios de.... (el de la Oficina competente) la hará imprimir, publicar, y distribuir".

Capítulo V - Las Asambleas Provinciales Editar

Art 113. La Constitución reconoce y garantiza el derecho de todo ciudadano a intervenir en los asuntos referentes a su Provincia, y que estén relacionados con sus intereses particulares.

Art 114. Este derecho será ejercido mediante las Asambleas Provinciales, excepto en Pichincha por ubicarse allí la capital del Reino.

Art 115. Cada una de las Asambleas Provinciales constará de veintiún miembros en las provincias que sobrepasen los cincuenta mil habitantes, y de trece miembros en las demás.

Art 116. Su elección se hará en la misma ocasión y de la misma manera que la de los Diputados, y por un periodo igual al de las legislaturas nacionales.

Art 117. Para ser miembro de las Asambleas Provinciales se debe ser mayor de veinticinco años, tener probada capacidad de gestión y un estilo de vida decente.

Art 118. Su reunión se hará en la capital de la provincia; y en la primera sesión preparatoria nombrarán Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero; autoridades que servirán durante todo el periodo legislativo.

Art 119. Todos los años habrá sesión, misma que durará dos meses que pudieren prorrogarse por un mes adicional si así conviene la mayoría de miembros de la Asamablea.

Art 120. Para una sesión habrá que reunirse más de la mitad del número de sus miembros.

Art 121. No podrán ser elegidos como asambleístas, el Gobernador de la región, el Prefecto de la Provincia, el Secretario provincial, ni el Comandante de Armas.

Art 122. El Prefecto asistirá a la instalación de la Asamblea Provincial, que se hará el primer día de septiembre, y tendrá asiento a la derecha del Presidente. Este último dirigirá al Prefecto su discurso, instruyéndolo del estado de los asuntos públicos y de las necesidades de la provincia.

Art 123. Las Asambleas Provinciales tendrán por principal objeto proponer, discutir, y deliberar sobre los asuntos más interesantes de sus jurisdicciones; formando proyectos particulares, y acorde a sus localidades y urgencias.

Art 124. Los negocios que comiencen en las Cámaras serán remitidos oficialmente al Secretario de la Asamblea, donde serán discutidos a puertas abiertas, así como los que tengan origen en el mismo pleno de la Asamblea. Sus resoluciones se tomarán a la pluralidad absoluta de votos de los miembros presentes.

Art 125. En las Asambleas Provinciales no se pueden proponer, ni deliberar:
I. Sobre los intereses generales por la nación.
II. Sobre cualquier ajuste con otras provincias.
III. Sobre imposiciones, cuya iniciativa es de la competencia particular de la Cámara de Diputados.
IV. Sobre la ejecución de Leyes, pero puede dirigir a este respecto representaciones al Parlamento Nacional y al Poder Ejecutivo.

Art 126. Las resoluciones de las Asambleas Provinciales serán remitidas directamente al Poder Ejecutivo, por el intermedio del Prefecto de la provincia.

Art 127. Si el Parlamento Nacional se encuentra reunido al tiempo, la propuesta será enviada directamente allí por medio del Prefecto, para ser ingresadas como Proyectos de Ley y obtener la aprobación del Parlamento para una única discusión en cada Cámara.

Art 128. Si el Parlamento Nacional no se encuentra reunido al tiempo, el Rey mandará a ejecutar provisoriamente la propuesta si juzga que es útil para el bien de la provincia. Esta será vigilada de cerca por el Gobernador del territorio.

Art 129. Una vez que el Parlamento Nacional se haya reunido nuevamente, se le enviarán las resoluciones suspendidas y en ejecución, para ser discutidas y deliberadas de acuerdo al artículo 127.

Art 130. El método de proceder de las Asambleas Provinciales, tanto en sus trabajos y su política interna y externa, se regulará por una Ley que será elaborada por el Parlamento Nacional.

Capítulo VI - Las Elecciones Editar

Art 131. Las elecciones de los diputados y senadores para el Parlamento Nacional, así como de los miembros de las Asambleas Provinciales, serán por método indirecto y por votación los ciudadanos activos en los Colegios Electorales de cada parroquia.

Art 132. Tendrán voto en las elecciones primarias:
I. Los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en goce de sus derechos políticos.
II. Los Extranjeros naturalizados.

Art 133. Se excluyen de votar:
I. Los menores de veinticinco años, entre los que no se encuentran los casados, los oficiales militares mayores de veintiún años, ni los clérigos de las órdenes sagradas.
II. Los hijos que aún residan en la casa de los padres, salvo si sirven a los oficios públicos.
III. Los criados y la servidumbre, en cuya clase no entran los bibliotecarios, cabezas de las casas de comercio, los criados de la Casa Real, ni los administradores de las haciendas y fábricas.
IV. Los religiosos que vivan en una Comunidad de clausura.
V. Los que no tengan de renta neta anual de cien mil pesos por bienes raíces, industria, comercio, o empleo.

Art 134. Una ley reglamentaria marcará el modo práctico de las elecciones, y el número de diputados respecto a la población del Reino.

Título IV - Del Poder Judicial Editar

Capítulo I - Las Cortes y Tribunales Editar

Art 135. La justicia será administrada por los Tribunales que determine la Ley Orgánica elaborada por el Parlamento Nacional.

Art 136. El máximo organismo rector de la justicia será la Real Corte Nacional, con sede en la ciudad de Quito.

Art 137. Los Magistrados que presidirán la Corte Nacional serán escogidos la mitad por el Rey y la mitad por el Parlamento Nacional, ocupando su cargo de manera vitalicia.

Art 138. Los jueces de los tribunales serán escogidos por el Parlamento Nacional y permanecerán en sus cargos por un periodo de ocho años.

Art 139. Tanto lo Magistrado como los Jueces no podrán ser destituidos sino únicamente en los términos contemplados en la Ley Orgánica.

Art 140. Los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, gozarán de absoluta independencia.

Art 141. Los tribunales no podrán suspender la ejecución de leyes, ni hacer reglamentos.

Art 142. Las audiencias de todos los tribunales serán públicas, a no ser que la publicidad sea peligrosa para el orden y las buenas costumbres, en cuyo caso el Tribunal lo declarará así por medio de un previo acuerdo.

Art 143. En ningún juicio, civil o criminal, habrá más de dos instancias, sin prejuicio de los recursos de revisión y de nulidad que autoricen las leyes.

Capítulo II - El Tribunal de Cuentas Editar

Art 144. El exámen y liquidación de la Cuentas públicas se harán por medio de una institución con autoridad judicial, que tomará el nombre de Tribunal de Cuentas.

Art 145. La jurisdicción del Tribunal de Cuentas se extenderá a todo el Reino.

Art 146. El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado por el Rey por un periodo de dos años, mientras que los cuatro miembros del Consejo serán colocados por el Primer Ministro por el periodo de un año.

Art 147. El Tribunal de Cuentas conocerá, sin inhibición de cualquier otro, de los negocios de su competencia, y no se admitirá apelación de sus fallos a otro Tribunal.

Art 148. El Tribunal de Cuentas resuelve los asuntos relativos a las cuentas públicas, pero no procede contra los culpables, sino que los consigna al juez competente. Sin embargo, sí puede apremiar a los funcionarios a que presenten las cuentas a las que están obligados.

Art 149. El Tribunal de Cuentas vigilará sobre la exacta observación del presupuesto, informando a la Cámara de Diputados y al Rey por medio del Primer Ministro.

Título V - De los Gobiernos locales Editar

Capítulo I - Las Gobernaciones Editar

Art 150. Se crearán Gobernaciones que reúnan a varias provincias con fines de control, tanto del Rey como del Primer Ministro y los jefes de las Divisiones Militares.

Art 151. Para formar estas Gobernaciones se tomará en cuenta la compatibilidad de lazos culturales, históricos y geográficos de las provincias constituyentes.

Art 152. Las Gobernaciones estarán presididas por un delegado del Rey que tomará el título de Gobernador, y que se mantendrá en el cargo mientras goce del favor real.

Art 153. Los Gobernadores serán la máxima autoridad en lo que a administración subnacional se refiere, debiendo estar subordinados a su figura los Prefectos provinciales y Cabildos municipales.

Art 154. Los Gobernadores constituyen el vínculo entre el Rey y las autoridades locales, siendo además los encargados del control y coordinación de las políticas que puedan beneficiar a la región que presiden.

Capítulo II - Las Prefecturas Editar

Art 155. En cada provincia existirá un Prefecto, que será la primera autoridad de la misma y gobernará por un periodo de cuatro años.

Art 156. Los Prefectos deberán ser escogidos mediante elecciones indirectas con las mismas características de las indicadas en el Capítulo VI del Título III.

Art 157. El Rey puede reservarse la remoción de los Prefectos, siempre que encuentre que su actuar va en contra de los intereses de la provincia, basado en informes enviados por el Gobernador de la región.

Art 158. Una Ley especial emitida por el Parlamento Nacional designará sus atribuciones, competencias y autoridad.

Capítulo III - Los Cabildos Editar

Art 159. En todas los cantones existentes, y los que se crearen en el futuro, habrá Cabildos, a los que compete el Gobierno económico y municipal de sus jurisdicciones.

Art 160. Los miembros del Cabildo serán escogidos mediante elecciones directas y bajo las mismas características señaladas en el Capítulo VI del Título III.

Art 161. El miembro que obtenga el mayor número de votos será designado como Presidente del Cabildo.

Art 162. El ejercicio de sus funciones municipales incluirá la formación policial, aplicación de sus rentas, y todas las atribuciones señaladas en una Ley reglamentaria que expedirá el Parlamento Nacional.

Título VI - De la Hacienda Nacional Editar

Art 163. El dinero constituyente de la Hacienda Nacional será encargado a la institución que se llamará Tesoro Nacional, desde la que se regulará su administración, recaudación y contabilidad, en reciproca correspondencia con las Tesorerías Provinciales del Reino.

Art 164. Todas las contribuciones directas, excepto aquellas en las que se aplican intereses y la amortización de la deuda pública, serán anualmente establecidas por el Parlamento Nacional, y estarán en vigencia hasta que se publique su derogación o sean sustituidas por otras.

Art 165. El Ministro de Hacienda, habiendo recibido de los otros Secretarios de Estado los presupuestos relativos a sus respectivas oficinas, presentará anualmente en la Cámara de Diputados un balance general de los ingresos y egresos del Tesoro Nacional del año anterior, el presupuesto general de todos los gastos públicos previstos para el año siguiente, y un informe de la importancia de todas las contribuciones y rentas públicas.

Art 166. El Tribunal de Cuentas será el encargado de vigilar el cumplimiento de las respectivas leyes, y será el único organismo competente para juzgar judicialmente las acciones que falten a la observancia de las mismas.

Título VII - De las Divisiones Militares Editar

Art 167. El territorio del Reino se distribuirá, conforme a la ley, en divisiones militares que coincidirán con las de las Gobernaciones.

Art 168. Cada División estará encomendada a un General o Jefe nombrado por el Rey.

Art 169. Será labor de los Jefes de cada División la vigilancia enérgica y constante de los cuerpos puestos bajo sus órdenes. Así como la observancia de los reglamentos de policía, disciplina, administración e instrucción militar, cuidando con eficaz empeño todo lo que concierne al bienestar del soldado.

Art 170. Un reglamento militar especial determinará las facultades de mando y relaciones entre los Jefes de División con las fuerzas en movimiento.

Art 171. La autoridad militar respetará y auxiliará siempre a la autoridad civil, nada podrá exigir a los ciudadanos sino por medio de ella.

Art 172. La autoridad militar no podrá asumir las funciones de la autoridad civil, salvo el caso extraordinario de declaración de estado de sitio y según las prescripciones de la ley.

Art 173. En las plazas fuertes, campos retrincherados, o lugares en que sea necesario publicar la ley marcial, o que se declare el estado de sitio, una disposición especial designará las garantías mínimas de las que han de gozar sus habitantes.

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